La tensión entre los taxistas y la población residente en torno al Park Güell de Barcelona ha escalado debido a la percepción de que los conductores priorizan a los turistas el lugar de atender las necesidades locales.
Este conflicto es consecuencia de las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2024, que trasladaron las paradas de taxi a la carretera del Carmel a fin de reducir el colapso vial causado por la llegada masiva de turistas. Los residentes, especialmente las personas mayores, enfermas o con movilidad reducida, denunciaron dificultades para acceder a servicios esenciales, lo que motivó la intervención del sindicato Élite Taxi. Aunque en febrero del 2025 se permitió la vuelta de los taxis bajo determinadas condiciones, las quejas persisten, porque algunos conductores siguen priorizando a los turistas.
El conflicto se acentúa por los incentivos económicos que tienen los taxistas para favorecer a los turistas, porque los viajes más cortos y las propinas generan mayores ingresos. La regulación de tarifas es insuficiente a fin de mitigar estas prácticas, especialmente porque los turistas desconocen las tarifas locales, lo que posibilita abusos similares a los que tienen lugar en destinos como, por ejemplo, Cancún y Split, donde los precios inflados son una práctica común. La tasa turística municipal de 2024 también ha creado un incentivo adicional para que los taxistas cobren más a los turistas.
El impacto de estas dinámicas resulta evidente en la movilidad local, porque la suspensión temporal del servicio de taxis en el Park Güell dejó a los residentes sin alternativas viables. Pese a que se han habilitado paradas alternativas, éstas no son accesibles para todos.
El caso de Barcelona refleja la dificultad de equilibrar el turismo masivo con las necesidades de la población residente. A pesar de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento como la creación de zonas específicas para residentes, la falta de fiscalización efectiva y la confusión sobre las zonas de acceso todavía persisten.
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