La crisis de la vivienda en Barcelona ha escalado hasta niveles críticos, una situación que ha forzado a cientos de personas a buscar refugio en circunstancias extremas y que ha dejado en evidencia un grave problema estructural. El aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas se ha consolidado como dormitorio improvisado para unas 150 personas sin hogar, una cifra alarmante que se ha cuadriplicado en tan sólo cinco años. Muchas de ellas llegan mediante el transporte público regular –la línea 46, por ejemplo– y evitan los costosos buses turísticos, lo que muestra estrategias de supervivencia. Esta frase ilustra el sentimiento de muchas de estas personas: “Es una mierda, pero esto es mejor que la calle”, porque les ofrece mayor seguridad y protección que la intemperie, aunque se enfrentan a desalojos periódicos impulsados ​​por AENA, que alega motivos de ‘seguridad’ e ‘insalubridad’. Uno de estos operativos tuvo lugar, precisamente, justo antes del Mobile World Congress 2025, si bien las autoridades negaron su conexión, en una acción criticada por entidades sociales porque ocultaba el problema en lugar de abordarlo.

Paralelamente, la ciudad alberga 67 asentamientos chabolistas donde malviven más de 280 personas, por ejemplo el de Vallcarca (con unas 70 personas, rumanos gitanos sobre todo), a menudo sin servicios básicos como el agua y la luz. A estos asentamientos se suman unas 500 personas en barraquismo bajo techo (locales abandonados). Se trata de una precariedad vinculada directamente a la crisis de vivienda ya alquileres récord (una media de 1.193 € en el primer trimestre de 2024), inalcanzables para muchas personas. La situación se agudiza debido a la discriminación estructural, como se queja una residente gitana de Vallcarca: “Nadie quiere alquilarme porque soy gitana”, y también debido a un mercado con una oferta de alquiler estable que se ha reducido de una manera drástica (un 75% en 5 años) a favor de alquileres temporales. Como señala el investigador Albert Sales, el incremento de precios de vivienda económica dispara el sinhogarismo y la infravivienda.

Otra manifestación de esta crisis es el aumento de personas que viven en autocaravanas o furgonetas, alternativa forzada por los costes prohibitivos de la vivienda convencional. Sin embargo, Barcelona presenta dificultades para utilizar esta opción, con pocas zonas seguras y gratuitas para pernoctar (Montjuïc, por ejemplo, es conocida por los robos que se producen) y normativas restrictivas, que reflejan una tendencia a la criminalización de las consecuencias en lugar de solucionar sus causas.

Ante esta situación, las respuestas institucionales son limitadas. El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una unidad con 16 profesionales para ayudar a las personas sin hogar a acceder a habitaciones de realquiler, acabar con el paternalismo y fomentar la autonomía. Sin embargo, estas iniciativas, si bien son positivas, resultan insuficientes ante la magnitud del problema y contrastan con enfoques fragmentados y la persistencia de actuaciones centradas en la gestión de la visibilidad (desalojos) y no en la raíz del problema: la especulación inmobiliaria y la escasez crítica de vivienda social y asequición.

Es necesario con urgencia un cambio de paradigma hacia un enfoque basado en derechos, que implique una inversión masiva en vivienda pública y social, la regulación efectiva del mercado a fin de contener precios y evitar la especulación, políticas activas contra la discriminación y el desarrollo de alternativas como, por ejemplo, las cooperativas o la movilización de viviendas vacías. Tan sólo un compromiso integral y sostenido permitirá enfrentar esta crisis que vulnera derechos fundamentales y amenaza la cohesión social de Barcelona.

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